Interés General
Atropello y mató y la Justicia le da arresto domiciliario
El caso no reune ninguno de los requisitos que la ley exige para acceder a un privilegio semejante..
El conductor Jonathan Gastón Yurgel, de 32 años, fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión por el homicidio de Camila Denise Algozzino. Sin embargo, la resolución judicial generó un profundo repudio familiar y social debido a que se le otorgó el beneficio de cumplir la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria en el barrio privado Septiembrem en el Partido de Escobar, sin reunir ninguno de los requisitos que las leyes exigen para acceder a un privilegio semejante.
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Camila Denise Algozzino, de 28 años y madre de una niña de 7 fue atropellada desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok cuando esperaba la luz verde de un semáforo sobre la Colectora Oeste, en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro. El conductor cumple arresto domiciliario aunque no trascendió la causa de esta resolución dictada por la Justicia que generó fuerte malestar en el entorno de la víctima. |
Cuestionaron que la pena se cumpla en un country, considerando que la condena no refleja la gravedad del hecho, argumentando que constituye un privilegio desproporcionado ante la gravedad de la pérdida y exigen una pena de cumplimiento efectivo en una institución carcelaria común.
Tras el choque, el acusado permaneció bajo arresto en su domicilio. Recientemente, al cumplirse un año y ocho meses del hecho, la Justicia dictó la sentencia definitiva fijando la pena en 3 años y 4 meses de prisión. "La reciente decisión de la justicia, lejos de traer paz, se siente como un nuevo y cruel atropello. Con total desprecio por nuestro dolor, decidieron beneficiar al responsable de nuestra desgracia con un castigo insignificante, pactado a nuestras espaldas y en absoluto secreto a través de un trámite rápido de oficina” - señaló la familia, oportunamente.
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“Le arrebataron la vida a nuestra hija y dejaron a una nena de siete años sin su mamá” - agregaron.
La familia y sus allegados están concentrando sus esfuerzos en una campaña activa de difusión digital y repudio en redes sociales bajo el lema #JusticiaPorCamila. A través de estos canales denuncian el fallo judicial, exigen una pena de cumplimiento efectivo en cárcel común y buscan evitar que el caso quede en el olvido
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