A través de un decreto el Gobierno oficializó la intervención de los medios de comunicación públicos

Por el plazo de un año serán intervenidas las empresas Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar. Las sociedades estarán a cargo de Diego Martín Chaher y Diego Sebastián Marias.

Cumpliendo con su propuesta de embestir sobre las empresas estatales, este lunes  ae conoció la medida a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 117/2024.

El texto oficial lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos.  Chaher es el interventor de Radio y Televisión Argentina, y “con carácter ad-honorem”, de Télam, Contenidos Públicos y Educ.ar. En tanto, Marias fue designado interventor adjunto.

Los dos tendrán varias facultades tales como: elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional; evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo; evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo; modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo; y modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva; presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas; designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades.

La intervención será por el plazo de un año, pero podrá ser prorrogada por única vez por la Jefatura de Gabinete.

El  el gobierno justificó la decisión amparándose en el Decreto de Necesidad y urgencia N° 70 -publicado el 20 de diciembre pasado- en el que se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.