Era jueza y cobraba coimas,la condenaron pero seguirá libre

Se trata de Alejandra Claudia Velázquez que ofreció dinero para darles bebés a las familias adineradas de Pilar. Estaba prófuga en España. Fue condenada a tres años de prisión, sin embargo, no irá a la cárcel debido a que fue beneficiada por la condicional.

La sentencia contra Velázquez fue de tres años por el delito de cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública y falsedad de documento público. La exjueza reconoció que reclutó a trabajadoras sociales para que buscaran a embarazadas o a niños en condiciones de adoptabilidad en el Municipio bonaerense de Pilar, con el fin de beneficiar los deseos de adopción de las parejas de alto poder adquisitivo de la zona.

Al principio la investigación se centró en las ausencias de Velázquez en el Juzgado donde trabajaba, e incluso por casos de adulteración de sus registros de presentismo, junto a diversas anomalías en procesos de adopción de familias adineradas de Pilar. Ante la situación se procedió a tomar testimonio de otros empleados judiciales, quienes manifestaron haber recibido propuestas de adopciones irregulares. Según una de las empleadas involucradas, la exjueza le reconoció que su objetivo era “conseguir panzas” y agilizar trámites. Este pedido era presentado por Velázquez a las trabajadoras sociales como un “trabajo extra”. Según consta en el expediente, la entonces Jueza les  habría dicho que «quería que fueran a barrios vulnerables para buscar a jóvenes embarazadas que estuvieran dispuestas a entregar en adopción a sus bebés a cambio de dinero». Las testigos coincidieron en que la sospechosa afirmó que, «seguramente, había familias dispuestas a pagar para poder adoptar a los recién nacidos»

Fue titular del Juzgado N°1 de Familia de Pilar durante varios años hasta que fue destituida en septiembre de 2017 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en una votación unánime.

El juicio abreviado culminó con un acuerdo entre las partes y, finalmente, el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro la inhabilitó para ejercer cargos públicos por los próximos 6 años y la condenó a 3 años de prisión, aunque no se cumplirían por ser una menor a las de cumplimiento efectivo.

La condenada, también estaba señalada por haber cometido una serie de irregularidades, como permitir que colaboradores firmaran más de 600 expedientes mientras ella viajaba al exterior durante su tiempo en el cargo. Ahora, a partir de esta condena, tampoco podrá ejercer como funcionaria pública.