Este martes 14 de abrillos Jefes Comunales de todo el pais y de distintos signos políticos, se reunieron a las puertas del Ministerio de Economía de la Nación para entregar un petitorio dada la critica situación económica que atraviesan sus comunas, pero denunciaron que les cerraron las puertas y no fueron recibidos.
Los ontendentes, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, se movilizaron para reclamar la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la caída de la coparticipación.
«Más de 200 intendentes e intendentas de todo el país, de distintos signos políticos, nos reunimos para presentar un petitorio contundente ante el Ministerio de Economía de la Nación. El escenario es crítico y los números no mienten» – informó el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk.
El documento presentado ante el Ministerio de Economía exige reactivar la obra pública de Nación con los fondos recaudados por ley, frenar el recorte de recursos a provincias y municipios, y retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo ya que afecta a servicios esenciales y el desarrollo productivo
Los puntos destacados del documento con las solicitudes y reclamos son:
-Combustibles: Desde noviembre de 2023, la nafta aumentó un 542,7%, casi el doble que la inflación, asfixiando al sector productivo y a los servicios esenciales. Pedimos retrotraer los precios al 1° de marzo»
-Obra pública paralizada: Hay más de 2.000 obras frenadas en todo el país (1.000 solo en la Provincia de Buenos Aires). Nación se lleva el 75% de lo que pagamos los argentinos en impuestos, pero pone la lupa en menos del 3% (lo que llega a los municipios, que seguimos funcionando).
-Ahogo financiero: Las transferencias a las provincias cayeron del 1,11% al 0,19% del PBI. Nación se retira de la salud, de la educación y de la seguridad, dejando toda la carga sobre los hombros de los municipios.
«Estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, pero con la gente adentro. Las cuentas no pueden cerrar desfinanciando al PAMI, congelando jubilaciones, cortando el envío de vacunas de calendario o generando un industricidio»– expresó el intendente de Escobar y agregó:
«Basta de mirar las planillas de Excel desde una oficina en Capital y empiecen a mirar lo que pasa en las rutas, en las fábricas y en los barrios. Pedimos soluciones concretas para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores y los que producen».
El texto especifica que la suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a seis coma uno billones de pesos. La cifra solicitada por los intendentes tienen como destino la infraestructura y obras en municipios de todo el país. Este monto, según los jefes comunales, corresponde a fondos cuya finalidad original era financiar obras federales a través de la coparticipación.
El intendente Ariel Sujarchuk participó de la firma junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y más de 200 intendentes y referentes de todo el país, de distintos signos políticos. Allí se elevaron planteos al ministro de Economía, Luis Caputo para visibilizar el impacto de las recientes medidas económicas y promover soluciones concretas.
“El industricidio que está atravesando la Argentina en este momento afecta de manera clave el corazón de las economías municipales. No arreglan las rutas nacionales, a pesar de que cobran fortunas en el impuesto a la nafta, están desfinanciando al PAMI, no mandan vacunas del calendario, paralizaron toda la obra pública… ¿Y hablan de las tasas municipales, que implican menos del 3% de lo que se recauda en el país? A esto se suma el ahogo financiero que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires, junto a otras provincias, y la caída en la coparticipación. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria. Lo que no puede pasar es que el ajuste recaiga esencialmente sobre los trabajadores, los jubilados, y el sector productivo”, expresó Sujarchuk.
Según detallaron desde la FAM, es la primera vez en más de dos años que intendentes de todo el país se congregan para reclamar directamente ante el Ministerio de Economía, evitando canalizar su demanda a través de los gobernadores provinciales.
Esto se debe, según los protagonistas, a que los mandatarios provinciales suelen recibir reclamos que dependen en realidad del Gobierno nacional, como la demora en la entrega de alimentos y medicamentos, y la falta de ejecución de obras públicas.
Este reclamo nace en el marco de una política del Gobierno nacional orientada a recortar transferencias y paralizar la obra pública, según sostuvieron los intendentes movilizados.
En el petitorio las autoridades advierten que el Gobierno Nacional no tiene estrategia para contener la suba de los combustibles. Según explica, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la nafta registró un incremento del 542,7%, muy por encima de la inflación acumulada del 292% y de la evolución de los salarios del sector privado, que crecieron un 288% en el mismo período. En lo que va de 2026, el aumento ya alcanza el 24% y se prevén nuevas subas a partir de mayo.
En cuanto a la obra pública, destacan que “el estado de la infraestructura nacional es de abandono” y reclaman la reactivación a partir de los recursos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. En este sentido, advierten que desde diciembre de 2023 fueron paralizadas cerca de 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires y más de 2.000 a nivel nacional, en áreas clave como rutas, infraestructura hídrica, sanitaria, educativa y social. A su vez, se remarcó que en más de dos años no se construyó ningún kilómetro de nuevas rutas a nivel nacional.
El petitorio advierte sobre el recorte sostenido de fondos nacionales a provincias y municipios. Según datos oficiales, el gasto público primario se redujo en $67.000 millones de dólares desde el inicio de la gestión de Milei, impulsado principalmente por la caída de transferencias no automáticas, el ajuste en programas sociales y la disminución de la obra pública. En este marco, las transferencias a provincias pasaron de 1,11% del PBI en 2023 a 0,19% en el último año, con una fuerte caída real de $11,2 billones a $1,9 billones.
En relación a la provincia de Buenos Aires, las deudas de la Nación acumulan más de $23 billones, compuesto por deudas directas, interrupción de programas y obras públicas y la caída de la tributación propia y de coparticipación.
A la paralización de la obra pública y caídas de entre el 80% y el 100% en programas de infraestructura, se suma la suspensión de políticas territoriales, con un retroceso del Estado Nacional en áreas sociales, sanitarias, educativas y productivas, lo que implica una carga adicional en las gestiones de los municipios.
