Tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 438/2023 se generaron dudas en cuanto a su constitucionalidad y aplicación. Una vez más, se cuestionó el alcance discutible de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para disponer sobre la propiedad privada y a su vez cumplir con el condicionamiento de su obligatoriedad a la aprobación del Poder Legislativo.

Si bien el Gobierno nacional puede decidir pagos de esa naturaleza para el sector público nacional. lo que actualmente se discute es el alcance a los sectores públicos provinciales, municipales.  Obviamente no existen dudas las limitaciones que tiene el Gobierno para disponerlo a personas del derecho privado, como también las normas referidas a las atribuciones de los poderes legislativo y ejecutivo.

El DNU publicado establece: Artículo 20_ “La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial”. Pero condiciona su aplicación a la intervención del Poder Legislativo para someterlo al procedimiento para su aprobación o rechazo por el Congreso que debe producirse dentro de los diez días hábiles.

La disposición fija como fecha del primer pago recién a los quince días desde el 1 de septiembre de 2023. Hasta esa fecha no tendría cumplimiento efectivo, condicionada siempre a la decisión final parlamentaria.

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