Se realizaron denuncias penales tras varios casos de amennazas de tiroteo en escuelas de Escobar

En los últimos días, más de una decena de colegios del pais reportaron amenazas de tiroteo en sus instituciones. En todos los casos se repite la modalidad: mensajes escritos en baños que anuncian ataques con fecha e incluso horario, junto a la advertencia “no vengan”. Escobar no estuvo exento de esta repudiable acción.

Mientras se espera el comunicado oficial del as autoridades del municipio tras los casos aparecidos en distintas escuelas del distrito, resulta impresindible tener en cuenta que una amenaza no es una broma, y debe tener consecuencias legales, ya que genera miedo y afecta de manerra directa no solo la convivencia escolar sino el normal desarrollo de las clases dentro de la institución.

La amenaza de bomba o de tiroteo es un delito denominado Intimidación Pública y está tipificado en el Artículo 211 del Código Penal de la Nación Argentina:

«Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.» 

• Amenaza de Bomba: Se considera una forma de generar pánico y alterar el orden público mediante un falso aviso de peligro común (explosivos).
• Amenaza de Tiroteo: Del mismo modo, busca atemorizar a la población o a una institución (ej. escuelas) generando tumulto y obligando a la evacuación.                                                                                                                                                   

El delito de intimidación pública conlleva una pena de 2 a 6 años de prisión y aunque el aviso sea falso («broma»), el delito se configura igual por el uso de recursos de seguridad y el terror generado. Con frecuencia estas causas son tratadas por la justicia federal, especialmente cuando se afectan servicios públicos, aeropuertos o instituciones nacionales.

Por otra parte, además de la pena penal, los responsables (o sus padres, si son menores) suelen ser demandados por los costos de los operativos policiales y de emergencias.

Lla Justicia de San Isidro acumuló 600 casos provenientes de graffitis y posteos furtivos en redes sociales, con un cuerpo de investigaciones encabezados por el fiscal Andrés Zárate, a cargo de la Fiscalía Penal y Juvenll de la zona.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nro 1 “Eduardo Ader”, ubicada en Villa Adelina, fue una de tantas investigadas. Un alumno del lugar fue aprehendido por la Policía Bonaerense. El chico, que sería de edad punible, fue individualizado por su perfil de Instagram, luego de que posteara una story con la supuesta amenaza.

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