El 3 de agosto comenzó el debate ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por presunta malversación de caudales públicos. El tribunal federal consideró “inoficioso” tratar una queja donde se pedía suspenderlo. La Cámara Federal de Casación de esta manera descartó un planteo para suspender el juicio oral, que se le sigue por supuesta “malversación de caudales públicos” en programas de microcréditos para el Municipio vecino.

El ex intendente se negó a prestar declaración indagatoria. Se lo juzga junto a otros nueve acusados por supuesta “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público” en el manejo de fondos otorgados por la Nación al Municipio.

La semana pasada, en la última audiencia presencial el tribunal rechazó seis planteos preliminares de las defensas con diferentes reclamos como la suspensión del juicio hasta que se conozca el resultado de pericias contables, y la nulidad de toda la investigación por vulneración del derecho a defensa. Sin embargo el pedido era “inoficioso” porque el juicio ya había comenzado cuando la queja fue analizada.

En el juicio se ventilan supuestas irregularidades en la ejecución de tres convenios que se firmaron en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Uno de ellos era para otorgar microcréditos a vecinos vulnerables con el objetivo de remodelar viviendas y costear el acceso a servicios básicos. Otro se destinó a urbanizar un asentamiento precario y el tercero a mejoras en redes cloacales e instalación de una planta depuradora.

Cabe recordar que alo largo de la investigación se sostuvo que las obras no se habrían concluido y los fondos se derivaron a una estructura administrativa que resultó cuestionada. Según el procesamiento dictado en julio de 2021, los acusados habrían actuado de manera “coordinada y funcionalmente” para concretar actos jurídicos que “obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada”, con lo que se habría generado “en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

El debate seguirá mañana, 2 de septiembre, de manera virtual.