Antecedentes del conflicto por la recuperación de las Malvinas
Antecedentes Históricos
El 03 de enero de 1833, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte consumó la ocupación de las islas, en una clara violación del derecho internacional. Desde entonces, la Argentina busca el ejercicio efectivo de su soberanía. El descubrimiento de las islas se adjudicó a diferentes personas. Entre otros, cabe mencionar a Américo Vespucio (1501), a Esteban Gómez, quien en 1520 formó parte de la expedición de Magallanes con el mando de la nave «San Antonio», y a los tripulantes de una nave de la armada del obispo de Plasencia, a quienes se atribuye la autoría del más antiguo asiento malvinense del que se tenga noticia. Según se sabe, el 4 de febrero de 1540, hallándose estos tripulantes en la boca del Estrecho de Magallanes, vieron «unas ocho o nueve islas» delante de la tierra, que creyeron firmes; luego abordaron un lugar que llamaron puerto de las Zorras, en la Gran Malvina, donde habrían invernado.
La cartografía y las crónicas de viajes del siglo XVI registraron la existencia de las islas con diversos nombres: de los Patos, Sansón, San Antón o Ascensión. Entre los navegantes que dieron noticias de ellas figura el capitán holandés Sebald de Weert, quien el 24 de enero de 1600 las avistó situándolas a 50º 40´ latitud sur. Luego, difundió su carta geográfica en Europa, por la cual al archipiélago noroccidental se lo denominó «Sebaldinas». El nombre “Malvinas» es la derivación fonética española del francés «Malouines» con que las llamaron por ser el puerto de Saint Maló el lugar del que zarparon los primeros navegantes franceses que las visitaron.
Gran Bretaña atribuye al Capitán John Strong el supuesto descubrimiento y desembarco; el 6 de febrero de 1690, éste habría navegado el canal que separa las dos islas mayores, al que denominó «Falkland Sound» en honor al vizconde, entonces jefe del Almirantazgo. Tal nombre se extendió primero a la isla occidental y luego a todo el archipiélago.
La jurisdicción y soberanía de España sobre las islas provenían de un título pontificio, anterior y superior al descubrimiento. En 1493, el papa ALEJANDRO VI, a través de las Bulas Pontificias, asignó a España, a sus herederos y sucesores, todas las islas y tierra firme descubiertas o por descubrir hacia el oeste de una línea ubicada a 100 leguas al oeste de las islas de las Azores o de Cabo Verde, límite que fue ampliado en junio de 1494, cuando se firmó el Tratado de Tordesillas entre los reyes de España y Portugal. Con el propósito de proteger la integridad territorial del imperio, mantener el statu quo colonial y sostener la vigencia del principio de exclusividad en la navegación y el comercio, España celebró sucesivos tratados con las potencias, en los que éstas ratificaron el compromiso de no intervenir en el Atlántico Sur, región donde Inglaterra, especialmente, pretendía establecer una escala antes de traspasar el temido Cabo de Hornos.
La primera colonización del archipiélago malvinense la realizó Francia. En 1763, ante la pérdida de una gran parte de sus posesiones frente a Inglaterra, el marino y militar Luis Antonio de Bougainville propuso a su gobierno una indemnización mediante el descubrimiento de las tierras australes y de las islas que se hallaren sobre la ruta.
La expedición, formada con los navíos «El Águila» (20 cañones) y «La Esfinge» (12cañones), zarpó del puerto de Saint Maló en septiembre y tras una breve recalada en Montevideo, el 3 de febrero de 1764, los marinos franceses divisaron una gran bahía en la Malvina oriental.
El 17 de marzo, Bougainville emplazó la colonia en Puerto Luis, una legua al fondo de la bahía, en la costa del norte. Inicialmente, el establecimiento contó con veintinueve pobladores, cinco mujeres y tres niños. Se construyeron casas, un gran almacén y el fuerte San Luis, que poseía doce cañones puestos en batería. En el centro, contaba con un obelisco de veinte pies de altura, con la efigie del Rey decorando uno de sus lados. Bajo sus cimientos, se enterraron algunas monedas y una medalla, la que tenía grabada, en una de sus caras, la fecha de la empresa y, en la otra, el rostro del Rey con la leyenda «Tibi serviat ultima Thule». El 5 de abril, Bougainville, en nombre del rey de Francia, tomó posesión de todas las islas.
España conoció la existencia de la próspera colonia y exigió a Francia el cumplimiento del Pacto de Familia firmado entre los Borbones en 1761. El rey de España convino en indemnizar a Bougainville por los gastos que le había ocasionado la fundación de la colonia.
El 1 de abril de 1767, Puerto Luis fue reintegrado a España. Ese día, los españoles enarbolaron su bandera y, desde tierra y desde los navíos, saludaron con veintiún cañonazos la salida y la puesta del sol. Algunas familias francesas optaron por quedarse y el resto, incluida la plana mayor, se embarcó en las fragatas españolas hacia Montevideo.
El 02 de abril, el Capitán de Navío Felipe Ruiz Puente se convirtió en el primer gobernador español de Malvinas pues, con anterioridad, el 2 de octubre de 1766, Carlos III había creado la Gobernación de las Islas Malvinas, bajo dependencia del gobernador de Buenos Aires.
Gran Bretaña renovó su interés en las islas a partir de 1765, cuando una expedición al mando del Comodoro John Byron -que arribó al Atlántico Sur con la misión de reconocer lugares convenientes para establecer una o varias colonias- exploró las costas de la Malvina occidental y se asentó en un lugar que el jefe inglés bautizó “Puerto Egmont” en honor al entonces primer lord del Almirantazgo. En nombre de su rey, tomó posesión de este punto e islas vecinas; luego, siguió viaje rumbo al Estrecho de Magallanes.
El 08 de febrero de 1766, otra expedición, a las órdenes del Capitán John Mc Bride, arribó a Puerto Egmont, donde estableció un torreón de defensa. Mc Bride tenía instrucciones de “evitar cuidadosamente toda medida de hostilidad o violencia en el caso de encontrar pobladores de otras nacionalidades”. El 6 de diciembre, los ingleses descubrieron Puerto Luis e intimaron a su jefe la entrega del establecimiento. Ante la negativa de éste, se alejaron de inmediato.
Carlos III, por real orden del 25 de febrero de 1.768, ordenó al gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, que efectuara el desalojo de los ingleses de Puerto Egmont. Bucarelli confió esa tarea al mayor general de la Armada Real, Capitán de Navío Juan Ignacio de Madariaga. De Montevideo partieron las fragatas «Santa Rosa», «Industria», «Santa Bárbara» y «Santa Catalina» y el chambequín «Andaluz», en los que iban embarcados 1.500 hombres, entre granaderos, fusileros y artilleros. El 4 de junio de 1770, la flota fondeó en la bahía de Puerto Egmont y Madariaga conminó al jefe de la guarnición a abandonar la plaza. Sin mayor resistencia, la guarnición inglesa se rindió el 10 de junio y la estratégica base quedó a cargo de un destacamento español.
Gran Bretaña exigió a España una reparación por el ultraje inferido a su dignidad atacada según su gobierno- en una situación de paz. El arreglo de devolución, que estuvo precedido por tensas tratativas en las que Francia intervino como mediadora, se concertó en Londres, el 22 de enero de 1771. Allí se procedió a la firma de la «Declaración de Masserano», por la cual el rey español se comprometía a restituir a su par inglés la posesión del puerto y fuerte Egmont, pero con la reserva de soberanía española, que fue aceptada plenamente por aquel país. Al volver la situación al estado anterior al 10 de junio de 1770, quedó en evidencia la precariedad de la ocupación inglesa.
Por convenio privado, la Corte de España impuso que la retirada inglesa de las islas se efectuara tan pronto como fuese conveniente, una vez restituido el asentamiento. Puerto Egmont fue devuelto a los ingleses en septiembre de 1771.
En mayo de 1774, se produjo la evacuación, voluntaria y silenciosamente. Los ingleses dejaron una placa de plomo -la placa del Teniente Clayton- con la leyenda «Las islas Falkland son del derecho y propiedad exclusivos del rey Jorge III», símbolo que fue retirado por las fuerzas españolas y luego llevado a Buenos Aires.
España, entonces, ocupó todo el archipiélago como única soberana y, desde el 02 de abril de 1.767 hasta 1.811, ejerció indiscutiblemente su soberanía sobre él a través de una veintena de gobernadores.
En 1811, España fue desplazada por el gobierno que surgió de la Revolución de Mayo. El13 de febrero, por orden del gobernador de Montevideo, Gaspar de Vigodet, las fuerzas apostadas en Puerto Soledad, al mando del gobernador Pablo Guillén Martínez, fueron trasladadas a esa ciudad.
Con el proceso de independencia, las nuevas repúblicas, constituidas a partir de la transformación política del antiguo imperio español, poseyeron el derecho a tener por límites los de las primitivas unidades administrativas. Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy República Argentina.
Desde el 6 de noviembre de 1820 hasta el 3 de enero de 1833, momento de la usurpación inglesa, la Argentina tomó posesión, mantuvo y reafirmó su soberanía en el archipiélago en distintas ocasiones.
El 6 de noviembre de 1820, siguiendo instrucciones del gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, el Capitán David Jewett, comandante de la nave «Heroína», en una ceremonia de carácter formal, ratificó los propios derechos e izó la bandera nacional en Puerto Soledad, saludándola con veintiún cañonazos. Luego, distribuyó una carta circular entre los capitanes de los casi cincuenta buques anclados en las caletas próximas, en la que les participó la toma de posesión en nombre del Gobierno de las Provincias Unidas en Sud América. Este documento tuvo difusión en la prensa europea.
En agosto de 1823, el gobierno concedió a Jorge Pacheco el usufructo del ganado lanar salvaje que poblaba las Malvinas, pero éste, desalentado por el mal comienzo de la explotación, vendió los derechos a Luis Vernet, quien llegó en 1826 para establecerse en Puerto Soledad con su esposa, María Sáenz.
El 10 de junio de 1829, el gobernador delegado, Martín Rodríguez, instituyó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, con sede en la isla Soledad, cuya área cubría hasta el Cabo de Hornos, en el Atlántico. Luis Vernet ejerció el cargo de gobernador desde el 29 de agosto de ese año y tuvo la tarea de aplicar los reglamentos sobre pesca de anfibios, cuya caza indiscriminada por parte de los loberos y balleneros extranjeros constituía un grave problema.
El pago por derecho de anclaje fue sistemáticamente eludido por los balleneros. En agosto de 1831, debido a un incidente con tres pesqueros norteamericanos, Vernet se retiró a Buenos Aires, donde arribó con la goleta «Harriet», cuyo cargamento había incautado con el fin de someter el caso al fallo del Tribunal de Presas.
El cónsul norteamericano en Buenos Aires desconoció el derecho argentino a reglamentar la pesca en las Malvinas. A fines de ese año, personal de la corbeta de guerra «Lexington», de la Armada de los Estados Unidos, incursionó en Puerto Soledad, al mando del Capitán Silas Duncan, y cometió hechos gravísimos: saquearon los bienes y las propiedades, destruyeron las instalaciones de artillería y tomaron prisioneros a los principales pobladores, a quienes condujeron a Montevideo.
La acción de Duncan causó conmoción en Buenos Aires. En junio de 1832, el nuevo encargado de negocios norteamericano, Francis Baylies, siguiendo instrucciones de su gobierno, exigió la desautorización de Vernet, la devolución de los bienes incautados por él y el pago de una indemnización; también puso en duda los títulos de soberanía argentina. El gobernador Juan Manuel de Rosas lo declaró «persona no grata» y le dio sus pasaportes.
La Argentina inició ante el gobierno norteamericano el reclamo por las pérdidas sufridas. En 1838, Carlos de Alvear presentó la primera queja en Washington, pues nuestra representación diplomática en ese país sólo fue cubierta a partir de ese año. Recién el 4 de diciembre de 1841, aquel gobierno consideró que no debía dar una respuesta porque el derecho argentino a la jurisdicción sobre las islas era disputado por otra potencia y una respuesta en esas circunstancias hubiera implicado un desvío de la que hasta entonces había sido su política cardinal.
A fines de 1885, el ministro Vicente G. Quesada renovó el desacuerdo argentino ante el secretario de Estado Tomás F. Bayard, quien reafirmó la posición de su gobierno sobre el asunto, la que sólo cambiaría en caso de que Gran Bretaña reconociera la soberanía argentina sobre las Malvinas.
El 18 de marzo de 1886, en comunicación al gobierno argentino, Bayard consideró inaplicable la llamada «doctrina de Monroe» al caso Malvinas. Hasta la fecha, el gobierno estadounidense no ha dado las satisfacciones debidas por este vandálico proceder.
El gobierno inglés tenía noticias sobre el estado y población de las islas Malvinas, datos aportadas por el Capitán Fitz Roy luego de su periplo al sur, en 1829. Gran Bretaña emprendió, nuevamente, la posesión de las islas como una escala para descanso y abastecimiento en la ruta de navegación hacia Australia y Tasmania por el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes.
Prologada por el atentado de la «Lexington», la invasión inglesa quedó a cargo del Capitán John James Onslow.
El 2 de enero de 1833, al mando de la fragata «Clío», se lanzó al ataque de Puerto Soledad. Penetró en la bahía, donde se encontraba la goleta argentina «Sarandí», al mando del Teniente Coronel José María Pinedo, a quien comunicó las órdenes del Almirantazgo, consistentes en tomar pronta posesión de las islas.
Pinedo atinó a dejar sentada una protesta formal, designó un representante y se embarcó en la goleta para regresar con su gente a Buenos Aires, donde fue sumariado por no resistirse a la usurpación. Días después, fondeó en la bahía la goleta «Beagle», cuyo comandante era Fitz Roy.
La nueva situación llevó a la colonización permanente de las islas y al desmembramiento de la unidad territorial argentina. En Puerto Soledad, los ingleses hicieron uso de las instalaciones y de la mano de obra contratada por la empresa Vernet. Con el pretexto de estar bajo dominio británico, el encargado de los almacenes, William Dickson, irlandés, rechazó los vales firmados por el ex gobernador que los peones argentinos recibían como pago de salario. Además, el capataz Juan Simón, francés, junto con Mateo Brisbane, ex mayordomo de Vernet, pretendieron incrementar el trabajo del personal argentino. Tres gauchos y cinco indios charrúas, conducidos por Antonio Rivero, se sublevaron y, luego de una corta lucha en la que murieron Brisbane, Dickson y Simón, tomaron la casa de la Comandancia el 26 de agosto de 1833. Arriaron la bandera inglesa e izaron el pabellón nacional, el cual, por casi seis meses, ondeó en Puerto Soledad.
En enero de 1834, dos embarcaciones inglesas arribaron al puerto. El Teniente de Marina Henry Smith, nombrado comandante de la isla, izó nuevamente la bandera inglesa e inició la persecución de los sublevados; de a uno, los gauchos cayeron en manos de los invasores. Rivero, solo, sin resistencia, se entregó el 18 de enero.
Los prisioneros fueron remitidos a Gran Bretaña para ser procesados. Luego, el gobierno inglés permitió su regreso, pues consideró que los hechos no habrían ocurrido en territorio de la Corona.
Mientras tanto, los sucesos sobre el desalojo argentino de Malvinas fueron puestos en conocimiento de las autoridades bonaerenses en un detallado informe presentado por Pinedo. El gobierno de Buenos Aires, encabezado por Juan Ramón Balcarce, inició el reclamo por el atropello ante el encargado de negocios británico Philip Gore y, en la Corte de Londres, el 24 de abril, el ministro plenipotenciario, Dr. Manuel Moreno, pidió una explicación oficial por la ocupación de las islas.
El gobierno británico avaló la actuación de Onslow. El 17 de junio, Moreno presentó una Memoria-Protesta impresa en inglés y francés y, a fines de ese año, difundió un folleto en inglés denominado «Observaciones sobre la ocupación por la fuerza de Malvinas por el Gobierno Británico en 1833», destinado a hacer conocer el problema entre los círculos diplomáticos europeos. Pero, en 1842, Inglaterra dio por terminada la cuestión y estableció en las islas una administración civil con un gobernador.
En 1945, el conflicto entró en una nueva fase, pues la Argentina se amparó en el derecho internacional al litigar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, cuya Carta propugnaba la independencia de los territorios no autónomos, entendiendo por tales en ese entonces, aquéllos que carecían de gobierno propio.
- Política exterior y decisión política de la época
Como lo mencionamos en la primera parte del trabajo los orígenes de la disputa entre Inglaterra y Argentina, por el sector insular de Malvinas, comienza en el año 1833 una vez materializada la ocupación inglesa por la fuerza y la expulsión de los habitantes argentinos.
Las negociaciones desde la usurpación en el siglo XIX hasta 1965 se limitaron a los reclamos que periódicamente presentaba el gobierno argentino ante las oficinas del Foreign and commonwealth office de la corona británica, obteniendo siempre una respuesta que no permitía avanzar en la solución de la cuestión.
En 1945 con la creación de la ONU luego de la IIda Guerra Mundial se dio lugar al proceso de descolonización en el mundo, con la situación particular que presentaba un tema conflictivo como el de Malvinas, entre dos miembros integrantes de dicha organización (Argentina – Reino Unido).
En el año 1946 es presentada en la ONU la lista de los 43 territorios que el Reino Unido se comprometía a descolonizar y entre los que se encontraba a las islas Malvinas.
1.960 el año en el que la ONU sanciona la resolución 1514, estableciendo las condiciones para la independencia de territorios coloniales e imponiendo dos condiciones o principios básicos.
1.961 Los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación.
1962 El intento de quebrantar la unidad territorial de un estado es incompatible con los principios de la carta orgánica
Se deduce que la libre autodeterminación puede ser causa de desmembración territorial y así se contradice esta enunciación.
En 1964 la Argentina inicia la participación en el debate por la descolonización ante la ONU anteponiendo su derecho de soberanía en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur con la oposición de los miembros del Reino Unido.
El Comité de Descolonización da lugar y reconoce el derecho de Argentina teniendo gran relevancia el trabajo realizado por el embajador ante la ONU José María Ruda.
La resolución 2.065 de la ONU del año 1965 le da la razón a la Argentina, reconociendo el derecho soberano de nuestro país sobre las Islas Malvinas imponiendo a Gran Bretaña la descolonización del archipiélago.
El objetivo de la resolución aprobada mayoritariamente era solucionar pacíficamente la cuestión teniendo en cuenta los intereses de los pobladores de las islas.
1966 viaja Michael Stewart, como Canciller Británico para iniciar las negociaciones alcanzando ya en 1968 entre los países un primer entendimiento: “Gran Bretaña reconocería la soberanía argentina y traspasaría la administración del archipiélago en un Lapso no menor de 4 años ni mayor de 10.
La prensa británica y el parlamento hicieron fracasar este primer proyecto.
H S Ferns (historiador británico) se adelantaría a los tiempos en una reflexión que decía: “… no obstante, según se van perfilando las cosas es posible prever una situación en que la argentina forzará la solución, como puede hacerlo, con el apoyo de la ONU, de la OEA y de los EEUU, y hacer así algo que el Gobierno argentino no desea hacer, esto es humillar a Inglaterra. Si ello sucede, los británicos no podrán culpar a nadie sino a si mismos”.
Luego de un relativo apoyo ingles a las resoluciones de la ONU de 1966 a 1969 la llegada del partido conservador británico al gobierno en 1970, detuvo las negociaciones durante 5 años.
En una hábil maniobra diplomática del RU en las conversaciones bilaterales se buscó lograr un acuerdo sobre las comunicaciones entre las islas y el territorio dejando de lado o eludiendo la cuestión soberana de Argentina.
Argentina creyó que esta actitud de flexibilidad británica era un avance y en julio de 1971 se firma un acuerdo sobre comunicaciones “Declaración Conjunta de Buenos Aires” en la que Argentina se comprometía a establecer rutas marítimas y aéreas para brindar apoyo de salud, educación, asistencia técnica y logística a los isleños, constituyéndose también en proveedor de combustibles (a precios rebajados)
En 1973 la asamblea general de la ONU se deja asentado por escrito en las Resolución 3160 la actitud de intransigencia británica al no modificar su postura ante los demostrados esfuerzos de Argentina por buscar el bienestar de los isleños y solucionar pacíficamente la cuestión.
En la OEA durante el año 1974 se manifestó preocupación por tener hasta ese momento territorios en América ocupados por potencias extranjeras.
