Interés General
Lanzan una Guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de personas con discapacidad
La máxima autoridad del Colegio de Abogados Zárate Campana (CAZC), Dr. Marcelo Fioranelli, en su rol como presidente de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.BA), formó parte de la elaboración y lanzamiento de la “Guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad” junto a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
“El objetivo es brindar una serie de pautas y conductas recomendables que promuevan el acceso igualitario a la justicia por parte de las personas con discapacidad, orientando la actuación de las y los agentes, magistrados y funcionarios judiciales” explicó el Dr. Fioranelli.
La guía brinda herramientas conceptuales e identifica las barreras, asimetrías e inequidades de trato que puedan padecer las personas con discapacidad en los procesos judiciales, ya sean ciudadanos en general o profesionales del derecho. Además, se destaca por incluir recomendaciones según el tipo de discapacidad de cada persona, ya sea física o motriz, visual, del habla y/o auditiva, o mental y/o intelectual.
El documento fue elaborado por una Mesa Permanente, integrada por 4 relatores de la SCJ, Secretarios a cargo de cada área, y la Comisión de Discapacidad de Col.Pro.BA.
La iniciativa busca fomentar que toda persona que cumpla funciones en los procesos judiciales adopten medidas afirmativas que tiendan a eliminar barreras a través del empleo de un trato digno, respetuoso, considerado y no discriminatorio.
En ese marco, se promueve un mecanismo de identificación temprana de las personas con discapacidad mediante la introducción de un distintivo visible en los sistemas informáticos de gestión de expedientes.
Asimismo, la SCJ elaborará un plan de trabajo para dar continuidad a las obras de accesibilidad en edificios judiciales, mientras que la Mesa Permanente elaborará un cronograma de capacitaciones en los distintos departamentos judiciales para su efectiva implementación.
