Confirmaron el procesamiento del intendente de Malvinas Argentinas

Nardini irá a un juicio oral y público que seguramente comenzará después de 2023 cuando ya habrá terminado su mandato en la intendencia de Malvinas Argentinas.

La jueza federal Alicia Vence lo había procesado por el delito de fraude a la administración pública en diciembre de 2019. La Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión de la magistrada. El perjuicio fue de $6.224.403

Leonardo Nardini  en el2015 fue candidato a intendente por primera vez y estaba a cargo de la UDAI de Malvinas Argentinas. Manejó las inscripciones para variados beneficios sociales destinados a los habitantes del municipio como las del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar). El programa entregaba una suma de dinero mensual a jóvenes sin trabajo que, para cobrar la ayuda social, se comprometían a estudiar. El certificado de estudios era condición para el cobro.

Cuando cambiaron las autoridades nacionales en 2015 se hizo una auditoría en la UDAI de Malvinas Argentinas. Se detectaron entonces decenas de trámites irregulares en la inscripción de estudiantes como beneficiarios del Progresar. Se abrió un sumario administrativo en el que se demostró que en el segundo piso de la oficina pública de ANSES funcionaba una “UDAI paralela” que atendía especialmente los trámites del Progresar. Como resultado del sumario administrativo tres funcionarios de ANSES fueron despedidos con causa. De haber seguido trabajando en la UDAI, a Nardini lo habrían despedido.

En diciembre de 2019 Alicia Vence, jueza federal de San Martín, había procesado a Nardini por el delito de fraude contra la administración pública cometido en 596 casos de personas que fueron mal inscriptas en el Plan Progresar. También fueron procesados los empleados de ANSES y los colaboradores “externos” que estuvieron involucrados en la maniobra encabezada por el actual intendente de Malvinas Argentinas.

Cuando firmó el procesamiento en diciembre de 2019 Vence había dicho sobre Nardini: ”El nombrado resultó ser durante el periodo cuestionado -2015-, el Jefe la UDAI de Malvinas Argentinas y, en ejercicio de ese rol, tenía cierto margen para disponer los movimientos de personal que estimare necesarios. Claramente, en base a su objetivo, fue que dio la directiva en torno a ‘Progresar’, relativa a que esos trámites se recibirían directamente en el segundo piso, donde se había instalado la cuestionada estructura paralela, es decir, prescindiendo de los operadores naturales del sector correspondiente y, evitando, de esa forma todo el mecanismo de contralor”.

Al momento de su indagatoria Nardini negó los hechos por los que fue procesado. 

Para la jueza “quedó corroborado que Leonardo Nardini, en su calidad de Jefe de la Unidad de Atención Integral de ANSES de Malvinas Argentinas, tenía a su cargo la administración de los beneficios sociales que aquél organismo dispone para los distintos ciudadanos”. Y que “Nardini utilizó el plan Progresar con el objeto de procurar un beneficio indebido, quebrantando el deber de cuidado del patrimonio nacional. Dicho accionar, ocasionó un perjuicio al Estado Nacional por la suma de $6.224.403”.

Nardini y los otros seis procesados apelaron la decisión de la jueza Vence que fue revisada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. A fines de abril los camaristas Néstor Barral, Alberto Lugones y Marcos Morán confirmaron el procesamiento de los imputados y dejaron al intendente de Malvinas Argentinas más cerca de un juicio oral y público por un caso de corrupción. Aunque redujeron a la mitad el monto del embargo que Vence le había fijado a Nardini: pasó de 30 a 15 millones de pesos.

Al confirmar el procesamiento los camaristas señalaron que: “Lo actuado en sede administrativa y judicial, advierte sobre la presencia de una multiplicidad de operaciones destinadas a burlar los mecanismos de control establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social y que propendieron a la asignación de la prestación “Progresar” a particulares que no cumplían con los requisitos previstos por la ley para su otorgamiento.

En la resolución quedó en claro que no se trata de meros defectos de índole administrativa o desgobierno de una oficina estatal, en tanto la cantidad de casos irregulares que convoca esta pesquisa, la repetida y calcada modalidad irregular de otorgamiento –con suficiente poder ardidoso- a personas que requirieron expresamente la prestación –sin tener derecho a ello- y aquellas que no lo hicieron –pues no prestaron su consentimiento- y la concentración de casos en la dependencia aludida, imponen que las inconductas verificadas se reputen enderezadas a la afectación patrimonial estatal”.

Barral, Lugones y Morán al confirmar el procesamiento de Nardini concluyeron que: “En este contexto, luego de analizar conglobadamente las pruebas acumuladas, consideramos que la hipótesis investigada y la intervención de los encartados en los sucesos pesquisados, se encuentran corroborados con los alcances exigidos para esta etapa del proceso”.