Interés General
La Unión Vecinal Tajamar denuncia a Roberto Costa por maniobra judicial contra vecinos
Lo acusan de usar el poder judicial para extorsionar y desalojar a familias trabajadoras en Escobar.

Unión Vecinal Tajamar se comunicó con Escobar a Diario a fin de hacer pública una difícil situación que viven los vecinos, ya que están siendo damnificados en un intento de desalojo por un juez que responde al candidato político libertario Roberto Costa. «Nos quieren forzar a pagar dos veces terrenos que ya pagamos» – dijeron.
«Más casta imposible: Roberto Costa usa el poder judicial para extorsionar y desalojar a familias trabajadoras en Escobar.
El actual candidato libertario por La Libertad Avanza, Roberto Costa, vuelve a poner en evidencia la persistencia de la casta política y judicial en Argentina. Con décadas en cargos públicos y transitando múltiples partidos tradicionales, Costa encarna la continuidad de una élite que usa su influencia para sostener intereses inmobiliarios y judiciales por encima de los derechos de las comunidades» explicó Flor Fernández, la secretaria de la Unión Vecinal, y agregó:
«Desde 2021, familias trabajadoras del barrio Tajamar en Belén de Escobar enfrentamos una maniobra judicial y de mercado que busca desalojarnos mediante el uso ilegal del fuero penal. Habiendo adquirido los terrenos a un antiguo peón del campo, Juan Chaparro, nos vimos sorprendidos en 2024 con la venta del mismo terreno por parte de Costa a terceros, con complicidad directa de su apoderado, Raúl Ricardo Acuña, vinculado a una red mafiosa que combina intereses inmobiliarios y policiales».
Cabe recordar que la maniobra que la vecina denuncia estuvo acompañada por una violenta tentativa de desalojo en el mes de noviembre del 2024.
La Cámara de Apelaciones de Zárate- Campana anuló la decisión del juez Mariano Chausis y consideró que el fallo violó leyes provinciales. Integrantes de la Unión Vecinal Tajamar se reunieron con autoridades municipales de Escobar para buscar soluciones pacíficas a través de las instituciones democráticas.
En aquella oportunidad, una resolución significativa, el Tribunal de Alzada anuló un desalojo dictado por el juez Mariano Chausís. Esta decisión se produce en un contexto de serias denuncias de extorsión y violencia contra vecinos de la zona rural de Escobar, quienes han sido víctimas de un operativo irregular liderado por miembros de la policía bonaerense y el instructor de la UFI 5 de Escobar.
«Fue liderada por el comisario Sebastián Mansicidor de la Comisaría 1ra de Escobar y Tomás Cornú, secretario de la Fiscalía 5. Más de 50 personas armadas, policías y funcionarios judiciales intentaron extorsionar a las familias, destruyendo viviendas y prohibiendo la salida o comunicación de los vecinos. Las causas contra Mansicidor y Cornú están abiertas y son investigadas por la UFI 1 de Campana, mientras el juez Mariano Chausis mantiene esta causa penal, que nunca debió admitir, sin sancionar las ilegalidades del primer desalojo que fue anulado en 2024 tras nuestra apelación ante la cámara de apelaciones.
Ahora volvió en vez de cerrar la causa en la que no pudo acusarnos de usurpación, impulsa un desalojo para el 29 de septiembre.
Según la Resolución antes mencionada: “los ocupantes no son autores de ningún delito y podrían ser considerados víctimas en relación con la adquisición de sus parcelas. Se mencionó que podrían ser ocupantes de buena fe, incluso habiendo adquirido legalmente sus terrenos. Además, se subrayó que no se ha determinado que se trate de una ocupación ilegal y que podrían ser aplicables normas de protección a los ocupantes”.
En la cobertura periodística de entonces, se pudo constatar que el 5 de noviembre, un grupo organizado perpetró actos de extorsión y violencia contra familias vecinas de nuestro distrito. Según denuncias de los afectados, el comisario de la Comisaría 1ra de Escobar, junto al secretario de la Fiscalía 5, exigió pagos dolarizados a favor del Dr. Ricardo Acuña, un supuesto apoderado de una nueva dueña del campo donde están los lotes, que ya habían pagado los vecinos a otra persona, bajo amenazas de desalojo.
En respuesta a estas agresiones. Los vecinos denunciaron que durante el operativo violento, aproximadamente 50 personas armadas ingresaron a sus hogares sin mostrar orden judicial alguna. El ambiente de temor y violencia dejó secuelas en la comunidad, que ahora busca apoyo para defender sus derechos y su hogar.
«Costa, lejos de ser un outsider o antisistema, es un político de la casta: concejal desde los 90, diputado nacional, senador bonaerense y presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, ha transitado distintos partidos para sostener su poder. Hoy, como candidato libertario, protege intereses que perjudican a las comunidades trabajadoras» – señalan los vecinos que están dispuestos a resistir un nuevo intento de desalojo irregular.
Desde la Unión Vecinal Tajamar rechazan la criminalización judicial y denuncian el uso del aparato del Estado para beneficios inmobiliarios privados que atropellan derechos humanos y sociales.
Cabe recordar que este desalojo a familias humildes y trabajadoras no es el primer antecedente que tienen los Costas. Este tipo de maniobra judicial e inmobiliaria, con un inmenso despliegue policial ya ocurrió años atrás en calle Sargento Cabral en el límite con el barrio San Luis.
Esto ocurría hace 4 años atrás.
Ante el evidente modus operandi de los Costas contra las familias trabajadoras del distrito el temor ante una nueva versión sobre un posible desalojo en los predios del barrio El Tajamar, los vecinos muestran su profunda preocupación.
«Hacemos un llamado urgente a los poderes políticos, sociales y judiciales para frenar esta ola de expulsiones violentas y exigir soluciones justas que respeten la dignidad y los derechos constitucionales. Unidos somos más fuertes» – culminaron diciendo desde Unión Vecinal Tajamar.