Interés General

Denuncian el DNU de inteligencia del gobierno de Milei

ONGs y Derechos Humanos preparan acciones legales ante organismos internacionales,

El CELS y Amnistía Internacional junto a otras 20 organizaciones de la sociedad civil alertan sobre la inconstitucionalidad del DNU 941 que el 31 de diciembre pasado, horas después de que terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso y cuando las preocupaciones estaban centradas en las celebraciones de fin de año, Milei firmó  y que viene recibiendo cuestionamientos en los ámbitos político y judicial.

Más de 20 organizaciones nacionales e internacionales preparan acciones legales ante organismos internacionales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerarlo un grave retroceso democrático y una amenaza a las libertades civiles.
En la mira:
Firmado el 31 de diciembre de 2025, el decreto modifica el funcionamiento de los servicios de inteligencia y es calificado como «manifiestamente inconstitucional» por:
– Amnistía Internacional
– Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
– Poder Ciudadano
– Fundación Vía Libre
– Greenpeace, entre otras.
En un comunicado conjunto advirtieron: «Habilita herramientas para vigilar, perseguir y detener».
La ofensiva se llevaría a cabo en 3 frentes:
– Judicial: CELS presentó un amparo colectivo.
– Legislativo: Exigen que el Congreso rechace el DNU y reactive la Comisión Bicameral de Fiscalización de Inteligencia.
Internacional: Denuncias ante la ONU y la CIDH por violaciones a derechos humanos.
En cuanto a los puntos más críticos del DNU  los organismos mencionaron la transferencia obligatoria de datos personales de organismos públicos a la SIDE, la falta de control judicial y ciudadano efectivo: la declaración de «encubiertas» para todas las actividades de inteligencia, la autorización a la SIDE para detener personas (sin precedente legal claro) y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en inteligencia interna.
A partir de este DNU se revitaliza la doctrina del «enemigo interno».
Amnistía Internacional señaló que «no es una reforma administrativa, sino un debilitamiento de garantías básicas», destacando un patrón de más vigilancia, más opacidad y menos democracia.
En tanto, la ONU ya había alertado en 2019 sobre la falta de controles en la inteligencia argentina. Lejos de corregirlo, este DNU profundiza el secretismo y la discrecionalidad.
Mientras el Gobierno promete una futura ley al Congreso, las organizaciones alertan que «el daño ya está en marcha» y acusan al Ejecutivo de avanzar hacia un autoritarismo por decreto.
La comunidad internacional observa si Argentina retrocede en garantías democráticas bajo el argumento de la «eficiencia» en seguridad.

 


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