Tras una investigación que se hizo en la provincia de Buenos Aires se conoció el preocupante porcentaje de mujeres que sustentan en soledad los costos que implican tener hijos. El incumplimiento en la cuota alimentaria es un problema estructural que ahonda las desigualdades de género.

Si bien 7 de cada 10 no recibe el aporte que les corresponde, a 9 de cada 10 el aporte que reciben es insuficiente para mantenerlos. Con la inflación reinante en el país no se comprende como las cuotas que deben pasar los progenitores quedan congeladas. Son las madres las que deben financiar la crianza mientras ellos consideran que cumplir con lo que la Ley les obliga es suficiente a la hora de cuidar y proteger a sus hijos. Debiéramos preguntarnos además si un hijo deja de ser hijo al crecer o ingresar a la universidad. El Estado debería respondernos estas cuestiones.

La falta de paridad en la responsabilidad en la crianza debiera ser una cuestión de Estado. El 51,2% de las madres separadas no percibe cuota alimentaria, ni el progenitor de sus hijos e hijas cubre otros gastos. Que los chicos coman, se vistan y vayan a la escuela es una responsabilidad que afrontan la mitad de las madres, totalmente solas. El Estado no debiera mirar para otro lado ya que se están vulnerando los derechos del niño/a.

Estas madres que padecen esta «deuda interna» crían y cuidan a sus hijos, a la vez que trabajan o «changuean» porque no pueden eludir que los chicos desayunen, merienden, almuercen, cenen, se vistan, estudien y jueguen o hagan deporte o una actividad cultural.

En el informe que mencionábamos al comienzo se explica que: “El 33% considera que el aporte únicamente cubre alimentos, el 7% responde que ese aporte monetario sólo permite cubrir gastos escolares o de salud y el 2% menciona que alcanza solo para actividades extra escolares. En los testimonios de las mujeres entrevistadas, algunas señalan que aquellos progenitores que aportan una “cuota” mensual no participan económicamente de otros gastos, como por ejemplo indumentaria, recreación, etc”.

En el mismo informe se intenta entender que lleva a una gran cantidad de mujeres a no judicializar el reclamo. Porque demandar al progenitor para que cumpla con sus obligaciones implica gastar dinero, tiempo, paciencia y salud mental. Existe una tendencia a que estas mujeres que reclaman sean mal vistas por la sociedad. Además, los hombres que incumplen son avalados y cuentan con la complicidad de otras mujeres (madres, hermanas, nuevas parejas) y hasta la propia patronal que muchas veces facilita el incumplimiento con gran parte del salario pagado en negro.

«En la mayoría de los casos resulta un desincentivo para iniciar reclamos, por lo cual algunas mujeres terminan optando por no continuarlos. Se generan situaciones de violencia, agotamiento e incluso endeudamiento para poder pagar un servicio jurídico, sin garantías de que todo ese esfuerzo redunde en el cobro efectivo de la obligación alimentaria que hijas e hijos necesitan”, contextualiza la investigación llevada adelante en la Provincia de Buenos Aires.

El 46% de las mujeres no conoce el derecho de sus hijos a ser sostenidos por el progenitor, el 65% padece la falta de acceso en asesoramiento jurídico. Mientras, el Estado sigue mirando para otro lado.