4 de febrero: No más excusas para Milei

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay ratificó su decisión y dio cinco días hábiles para la presentación de informes que acrediten el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada.

Sin importar la apelación que presente la Casa Rosada, la norma deberá estar en plena ejecución el 4 de febrero próximo.

En medio de la feria judicial, el Juzgado federal ratificó su fallo de fines de diciembre en el que ordenó al Gobierno el pleno cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. A  principios de ese mes, Charvay había invalidado el decreto con el que el presidente Javier Milei ponía en vigencia la norma, pero sin otorgarle fondos para su ejecución. Días después advirtió que impondría multas al el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, si no iniciaban la puesta en marcha de la norma.

Finalmente, este martes, el Juzgado ratificó su decisión y dio cinco días hábiles para la presentación de informes que acrediten el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada y señaló que la norma deberá estar en plena ejecución el 4 de febrero, sin importar la apelación que presente la Casa Rosada.

Cabe señalar que, la segunda resolución del juez de Campana coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó el Presupuesto 2026, pero sin el artículo en el que el Poder Ejecutivo intentó borrar de un plumazo la Ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. También a fines de diciembre, el Senado dio sanción definitiva al Presupuesto que mantuvo las leyes vigentes.

Frente a los argumentos de la Casa Rosada sobre los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes representan una amenaza para el déficit cero es necesario aclarar que el Presupuesto 2026 convalida pérdidas muchísimo más considerables de recursos en términos de recaudación por la baja del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, por la reducción sustancial de la alícuota de Bienes Personales, por la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, por la baja de retenciones a determinados granos de exportación y por la reducción de las contribuciones patronales –en caso de que se apruebe la reforma laboral–, por la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de todo tipo de perdones fiscales mediante blanqueos y otras políticas similares.