Salud
Exposición en el senado sobre la reforma de la Ley de Salud Mental
El Gobierno nacional retira financiamiento y desmantela políticas públicas.
El debate en el plenario de comisiones de Salud y Legislación General del Senado de la Nación sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental (impulsado por el Gobierno Nacional) fue extenso y marcado por posturas fuertemente divididas y giró en torno a los siguientes puntos clave:
Críticas a la centralidad psiquiátrica y de control: Especialistas de la Asociación Argentina de Salud Mental y referentes académicos advirtieron que el proyecto retrocede hacia modelos centrados en el encierro y el control, relegando el abordaje interdisciplinario.
Financiamiento y rol del Estado: Diversos actores expresaron preocupación por la quita de cooperación financiera a las provincias y la falta de presupuesto para sostener dispositivos de atención comunitaria donde el cuidado recaería injustamente en las familias.
Defensa del proyecto oficial: Desde la perspectiva oficialista y con el apoyo de algunas asociaciones de familiares, se argumentó la necesidad de modificar la normativa vigente (Ley 26.657) señalando que el sistema actual priorizó la ideología sobre la atención práctica del paciente.
Tras más de seis horas de ponencias y fuertes cruces de opiniones, el plenario pasó a un cuarto intermedio para continuar evaluando las modificaciones propuestas.
Cabe destacar que, en Argentina, 3 de cada 10 personas atraviesan malestar psicológico. Las internaciones por salud mental aumentaron un 77% entre 2019 y 2025. En la Provincia de Buenos Aires crecieron un 72,2%, y en menores de 18 años casi un 100%. Los suicidios ya superan las muertes por accidentes viales y homicidios juntos. Más de 7,5 millones de personas perdieron cobertura de salud y el sistema público absorbe una demanda cada vez mayor.Mientras el Gobierno nacional retira financiamiento y desmantela políticas públicas, los padecimientos aumentan en todo el país y los sistemas provinciales están cada vez más exigidos. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional elimina financiamiento, concentra decisiones en una sola disciplina y genera más barreras de acceso en un sistema ya desbordado.
