No es una reforma laboral: es una transferencia de derechos

La reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso se presenta como una modernización. Pero cuando uno rasca un poco la superficie, lo que aparece es otra cosa: una poda sistemática de derechos, una transferencia de recursos del trabajo al capital y una apuesta peligrosa a la precarización como modelo.

Arranquemos por lo básico. En un país donde la jornada legal ya es de 48 horas semanales —una de las más largas del mundo—, el proyecto crea el “banco de horas” para que una persona pueda trabajar 10 o 12 horas un día y “compensarlo” después, sin horas extra. Mientras en Francia, Islandia o Bélgica se discute cómo trabajar menos y vivir mejor, acá se legaliza el desorden de la vida cotidiana: no sabés a qué hora salís, ni cuándo descansás, ni si podés ir a buscar a tus hijos a la escuela. Eso no es eficiencia, es estrés crónico.

También se tocan las indemnizaciones, que son el principal freno a los despidos arbitrarios. Se excluyen del cálculo el aguinaldo, los premios y otros conceptos, se habilita un tope y, para colmo, se crea un Fondo de Asistencia Laboral que en los hechos baja el costo de despedir y encima se financia con menos aportes a la seguridad social. Resultado: el empleador paga menos y el sistema jubilatorio queda más débil. El resultado: menos aportes hoy son peores jubilaciones mañana.

El proyecto además fragmenta la negociación colectiva. Los convenios por empresa pasan a tener prioridad sobre los convenios por actividad, se limita la ultraactividad y se debilita el rol de los sindicatos. Es la receta perfecta para que una gran empresa imponga condiciones a su medida y para que los trabajadores negocien solos, con mucho menos poder. A eso se suma la restricción al derecho de huelga, con pisos de actividad del 50% o 75% en sectores clave, lo que en la práctica vacía de fuerza a la principal herramienta de presión de los trabajadores.

Todo esto se da en un contexto que el propio Gobierno no puede esconder: más desempleo, más informalidad y menos empleo asalariado. Desde 2023 la tasa de desocupación subió, la informalidad ya supera el 43% y el trabajo en relación de dependencia sigue cayendo. Y en la provincia de Buenos Aires, casi la mitad de los nuevos desocupados del país. Flexibilizar en este escenario no crea empleo: lo degrada.

Para completar el combo, la reforma excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores de plataformas, a monotributistas “colaboradores” y a múltiples formas de contratación por fuera del régimen laboral. Es decir, legaliza lo que hoy ya es precariedad: gente que trabaja, pero sin derechos, sin aportes y sin protección.

Ni siquiera desde el punto de vista institucional el proyecto es prolijo: toca impuestos y contribuciones —materia fiscal— pero entró por el Senado, lo que lo vuelve jurídicamente cuestionable ya que la Constitución establece que todo proyecto que verse sobre materia fiscal   debe ingresar por Diputados.

Por otra parte también la regresividad en derechos sociales lo hace inconstitucional, solo va a generar un incremento en los juicios, que después critican hablando de la industria del juicio cuando es lo que ellos generan. Avanza sobre la justicia laboral, buscando limitar su independencia y su capacidad de controlar abusos.

La discusión de fondo no es si hay que cambiar algo: el mercado de trabajo argentino está en crisis. Pero una cosa es discutir cómo mejorar salarios, reducir informalidad y generar empleo genuino, y otra muy distinta es usar esa crisis como excusa para que despedir sea más barato, trabajar sea más largo y jubilarse sea más incierto.

Para sintetizar y que quede claro: Esta reforma beneficia a grandes empresas y plataformas, pero perjudica a trabajadores, jubilados y sindicatos. También impacta negativamente en las pymes y en el mercado interno, porque salarios más bajos y empleos más inestables significan menos consumo y más desigualdad.

El trabajo solo no dignifica, lo que dignifican son los derechos y esos son los que tenemos que cuidar. Eliminarlos no es modernizar, es retroceder. Por eso este proyecto, más que una reforma, es eso: un retroceso que se paga con tiempo, con salud y con futuro de quienes viven de su trabajo.