El fallo de la Corte Suprema lesiona a la democracia

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner ratifica un proceso que ha sido marcado por la arbitrariedad y el desprecio por los principios democráticos y constitucionales que rigen en la Argentina. Por una parte, se cumple la función de proscribir a una referente del campo nacional y popular. Además, se ha violado el derecho a un juicio justo y equitativo, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso». En ese sentido, la manipulación de principios probatorios para ajustarlos a una sentencia preconcebida, constituye también una grave violación del artículo 14 de la Ley 48, que establece que «los jueces deben decidir conforme a la verdad y a la justicia».

En este caso, el tribunal supremo ha optado por desestimar el último recurso posible interpuesto por la defensa de CFK, fundamentándose en tecnicismos que no hacen más que encubrir la arbitrariedad y la parcialidad del proceso. La sentencia parece haber sido dictada de antemano, con pruebas confeccionadas para justificar un fallo que ya estaba predeterminado, lo que constituye una grave violación de los principios de imparcialidad y objetividad que deben guiar la administración de justicia. Por otra parte, el contexto que atraviesa el poder judicial no es el mejor, ya que resulta cuestionado por su falta de transparencia y objetividad. Además, también se puede objetar la composición de la corte en tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ellos tomaron una decisión que lesionó nuestra democracia. 

El rechazo al recurso presentado por CFK, sin un análisis profundo del caso, plantea serias dudas sobre la ética y la integridad de la institución. Esa sentencia ha generado una gran preocupación en el pueblo, ya que parece haber sido dictada al margen de los principios constitucionales y legales que rigen en el país. Da la pauta que los integrantes del poder judicial y los grupos de poder económico y político constituyen un núcleo de poder con intereses propios. Esta decisión inclina la balanza en contra de los sectores populares y a favor de los dueños de la Argentina.

La Corte Suprema ha marcado un hito vergonzoso, con el que se profundiza la polarización en la sociedad. Esto cataliza los discursos de odio y la intolerancia, como podemos observar cada día a través de los medios de comunicación y redes sociales, en una espiral que esmerila la convivencia social y la democracia. En este contexto, es fundamental que desde el peronismo mantengamos en alto nuestras banderas: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Como sociedad, la realidad nos obliga a priorizar el diálogo y la tolerancia. Dejemos atrás la deshumanización del adversario político a partir de la construcción de discursos constructivos de respeto mutuo que nos permita abordar las diferencias para encontrar soluciones comunes. Con más educación y compromiso ciudadano, promovamos el cambio cultural que nos encauce hacia la senda de la Argentina inclusiva con la que soñamos todos y todas. 

Dra. María Laura Guazzaroni

Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Escobar