Indemnización por el ataque de dos perros a un vecino en un barrio privado de Escobar

La Cámara Civil elevó los montos del resarcimiento de un hecho que ocurrido en agosto de 2022.

La víctima paseaba a su perro Schnauzer mini por las calles internas del barrio privado en el que vive, cuando dos perros de raza Staffordshire Bull Terrier, pertenecientes a otro residente que habían escapado de su vivienda, lo atacaron junto a su mascota. El vecino afectado resultó con lesiones físicas, mientras que su perro debió recibir atención veterinaria de urgencia.

La situación generó una denuncia penal y un reclamo civil por daños y perjuicios contra los propietarios de los animales y el consorcio del barrio, según la resolución judicial.

Según el reclamante el consorcio tenía conocimiento de la peligrosidad de los canes debido a situaciones anteriores que merecieron apercibimientos y sanciones.

Finalmente, la aseguradora participó como citada en garantía y reconoció la cobertura hasta un límite de 30 millones de pesos, aunque rechazó la responsabilidad por entender que los dueños identificados de los perros eran los únicos responsables y no el consorcio.

Según la versión de los demandados, el escape de los perros se debió a la rotura de un alambrado perimetral y, tras el hecho, se comunicaron con la administración y ofrecieron la documentación sanitaria de sus mascotas.  De los testimonios surge que varios vecinos asistieron al reclamante para separar a los perros, y que la intervención de la seguridad interna del barrio permitió controlar la situación. Los registros fílmicos aportados y los informes periciales fueron determinantes para establecer la mecánica del ataque y las lesiones sufridas.

Si bien la sentencia de primera instancia había fijado una indemnización por daños físicos y morales, el reclamante apelo por la falta d eresponsabilidad atribuida al consorcio. Finalmente, la Sala L de la Cámara revisó los antecedentes y tomó en cuenta tanto la normativa aplicable en materia de barrios cerrados como los testimonios de vecinos, informes médicos y peritajes incorporados al expediente. El fallo de segunda instancia señala que el consorcio había impuesto sanciones y apercibimientos previos a los dueños de los perros, y que el reglamento interno dispone la captura y devolución de animales sueltos, además de la aplicación de multas.

El tribunal concluyó que el consorcio actuó conforme a sus obligaciones reglamentarias y que no se había acreditado un incumplimiento que permitiera responsabilizarlo por el daño. La Cámara consideró que la administración no tiene facultades para expulsar animales ni para controlar de modo permanente la conducta de cada propietario, por lo que confirmó la excepción de falta de legitimación pasiva a favor del consorcio.

Las indemnizaciones establecidas por la Cámara comprenden tanto el daño físico como el moral y los gastos vinculados, y se ajustaron a valores actuales de la sentencia apelada.